La necesidad de preservar la memoria histórica y defender el proceso de democratización en Brasil y en la región.
Por José Esteban Castro, Catedrático en Sociología, Universidad de Newcastle, Reino Unido (http://www.ncl.ac.uk/gps/staff/profile/esteban.castro).
Newcastle upon Tyne, Reino Unido, 28 de marzo de 2016
El proceso de democratización en América Latina y Caribe ha entrado en una nueva etapa, a la cual quizás no deberíamos apresurarnos a ponerle nombre. Para algunos, la etapa iniciada con el Siglo XXI constituía un momento pos-neoliberal, un concepto que generó debate y fuertes críticas, entre otras razones porque en varios aspectos importantes la ruptura con el neoliberalismo de la década de 1990 no fue tan contundente como el concepto de pos-neoliberalismo parecía indicar. Hablar de pos-neoliberalismo era sin duda una legítima expresión de deseos, pero el principio de realidad impone una lectura más sobria de los procesos que tuvieron lugar en las dos últimas décadas. Pero, ¿cómo denominar ahora a la nueva etapa que parece querer instalarse, marcada por el resurgimiento de un neoliberalismo agresivo que no oculta su proyecto de atrasar el reloj y repetir la experiencia de la década de 1990 desmontando las iniciativas de democracia popular-participativa y, en algunos países como Brasil, incluso agitando el fantasma de la dictadura como salida a la crisis política? No le quiero poner nombre, porque prefiero conservar la esperanza de que las amenazas que caracterizan esta nueva etapa no logren materializarse, que los proyectos de sociedad excluyente encarnados en dichas amenazas puedan ser confrontados y derrotados antes de que logren establecerse.
Cualquiera sea el nombre que le demos a esta nueva etapa, es fundamental reconocer la necesidad de preservar, y en muchos casos reconstruir, la memoria histórica y defender el proceso de democratización en nuestra región, ya que incluso los relativamente modestos avances logrados en la época más reciente se encuentran seriamente amenazados. La situación que se vive en Brasil al momento de escribir estas reflexiones es un ejemplo suficientemente preocupante, pero de ninguna manera se trata de un ejemplo aislado ya que forma parte de un claro patrón de transformaciones en las dinámicas socio-económicas y, fundamentalmente, políticas de la región latinoamericana y caribeña. En este sentido, se impone mantener viva, o reconstruir donde sea necesario, la memoria histórica de los procesos sufridos por nuestros países desde la segunda mitad del Siglo XX, notoriamente las dictaduras civil-militares, la imposición de democracias tuteladas, restringidas, y la subordinación al autoritarismo del capital financiero globalizado. Es importante recordar que todo intento de insubordinación al orden dominante impuesto por esos procesos ha sido fuertemente resistido y, que en casos de procesos que amenazan con transformar mínimamente el status quo, los intentos han sido sistemáticamente boicoteados o directamente desmantelados.
Baste destacar aquí algunos ejemplos notorios, como el intento de frenar o cuando menos restar apoyo a los juicios a los responsables por los crímenes de Estado cometidos por las dictaduras de la región, notoriamente por parte del gobierno de Estados Unidos pero también por gobiernos europeos. Argentina logró que numerosos responsables de la dictadura iniciada en 1976, como el General Jorge Rafael Videla, fueran juzgados y condenados y terminaran sus días en prisión, pero una gran mayoría de los responsables por crímenes de Estado en la región han logrado evitar el tener que comparecer ante la justicia, como ocurrió notoriamente en el caso del General Augusto Pinochet en Chile. La hipocresía de los gobiernos de las democracias occidentales establecidas continúa siendo muy conspicuo en este sentido: para dar un ejemplo que ganó notoriedad recientemente, el grado de prioridad y esfuerzo internacional dado a la aplicación de justicia en casos de corrupción como el de la Federación Internacional de Asociaciones de Futbol (FIFA) no tiene equivalente en la administración de justicia a los criminales de Estado latinoamericanos y caribeños, un proceso que se tiende a desvalorizar, si no directamente a negar o incluso a obstaculizar. Como quedó notoriamente registrado en la visita del Presidente Barack Obama a Argentina en este mes de marzo de 2016, se trata a los crímenes de Estado que ocurrieron con el apoyo explícito o implícito del gobierno de Estados Unidos como ocurrencias lamentables, que deben ser sujetas a revisión crítica, pero que deben dejarse en el pasado ya que lo importante sería pensar en el futuro, que evidentemente es pensado como un futuro en el que Estados Unidos vuelve a tener un papel hegemónico en la región. Sin embargo, este no es un tema del pasado, ya que el gobierno norteamericano ha cuando menos tolerado intervenciones golpistas en nuestra región incluso durante el período del Presidente Obama. Este ha sido notoriamente el caso de los golpes destituyentes contra los presidentes Manuel Zelaya de Honduras en 2009 y Fernando Lugo de Paraguay en 2012. Contribuir a revertir estos golpes contra el proceso democrático regional no ha sido una prioridad para el establishment de la democracia formal internacional. El respaldo virtualmente sin condiciones expresado durante la visita del Presidente Obama al gobierno del Presidente Mauricio Macri en Argentina debe también ser analizado en esa perspectiva, tomando en cuenta la política del nuevo gobierno argentino que busca criminalizar la protesta social, desprestigiar y de ser posible desmantelar a las organizaciones de derechos humanos, y suspender los juicios pendientes a los responsables por los crímenes de Estado del período 1976-1983. Otro ejemplo para ilustrar la necesidad de preservar y reconstruir nuestra memoria histórica en las condiciones que prevalecen en la región es el impacto prolongado de las reformas neoliberales implementadas desde la década de 1970 (Chile) y que tuvieron su momento de gran expansión en la década de 1990. El endeudamiento masivo de regiones enteras, la liquidación en gran escala de empresas públicas mediante la privatización, con mucha frecuencia implementada por medio de procesos marcados por la corrupción público-privada tolerada en nombre de la ideología predominante que predica la primacía del mercado sobre la Política, y la profundización extrema de la desigualdad y de sus consecuencias, justificadas como una necesidad. Uno esperaría que el recuerdo de las consecuencias catastróficas de estas políticas sobre nuestras sociedades así como de los esfuerzos notables, e internacionalmente reconocidos como exitosos, realizados por nuestros países para revertir esas consecuencias, reducir la pobreza extrema, y recuperar un mínimo nivel de soberanía estaría muy fresco en las poblaciones de nuestros países, sobre todo en casos como Argentina y Brasil. Sin embargo, la situación que vivimos en estos momentos sugiere que es urgente trabajar por la recuperación o incluso reconstrucción de la memoria de dichos procesos.
En este sentido, el mensaje que he recibido en intercambios con académicos, estudiantes universitarios y otros profesionales de distintas regiones de Brasil durante este mes de marzo de 2016, refleja la gravedad de la situación. Reproduzco aquí algunas de las frases más destacables:
“La situación aquí en Brasil se está deteriorando rápidamente. Creo que hay una fuerza proto-facista muy fuerte. No se si esta fuerza se convertirá en una onda irresistible”.
“Veo un debate limitado y descolorido en algunos de nuestros intelectuales. Brasil se está incendiando, tenemos problemas como la epidemia de microcefalia, y muchos intelectuales mantienen una posición sin ningún color. Como decía Cássia Eller en una de sus canciones, ‘millones de frases sin ningún color’”.
“Como se dice aquí, ‘la cosa está fea’, y afecta a todas las personas. Personalmente tengo amigos vinculados a la Central Única de los Trabajadores (CUT) que han sufrido diversas amenazas y están pensando en salir del país, dependiendo del futuro que se diseñe con la onda de odio que se ve por aquí. Tanto yo como mis amigos estudiantes en la universidad hemos sido ofendidos en la calle. En una manifestación en defensa del gobierno [de la Presidenta Dilma Rouseff] en la que participamos el día 18 de marzo una persona nos dijo que ‘merecemos que nos peguen un tiro’ y cosas similares. El clima está muy tenso. Estamos realmente esperando que el tipo de represión que se vio en Brasil en el pasado no se repita.”
Otra colega envió la grabación en audio de una clase de una profesora de Derecho de la Universidad del Estado de Bahia (UNEB), alertando a sus estudiantes sobre la necesidad de revisar la historia y reparar en las similitudes entre el proceso que vive el país y los momentos previos al golpe civil-militar de 1964, especialmente el papel central que tuvieron los medios masivos de comunicación en la generación del golpe (sobre esto, ver por ejemplo una nota publicada por la revista Carta Capital http://www.cartacapital.com.br/blogs/blog-do-grri/as-historias-de-1964-ainda-hoje).
De frente a estos acontecimientos, queremos expresar nuestra solidaridad con las fuerzas progresistas de Brasil, y con todas aquellas personas comprometidas con la preservación y profundización del proceso de democratización. No caben dudas sobre los graves errores cometidos en Brasil y en otros países de la región por los propios actores que en nombre de proyectos progresistas contribuyeron a reproducir mecanismos importantes de un sistema social que tiende a la concentración de la riqueza y a la profundización de la desigualdad. Sin embargo, no puede reducirse el análisis de estos procesos a su dimensión, por así decirlo, policial, como evidentemente se pretende hacer, sobre todo a través de los medios masivos de comunicación del país, frecuentemente amplificados en el exterior por sus aliados, que comparten un odio visceral por las experiencias de democracia popular-participativa implementadas en las últimas dos décadas.
En este sentido, consideramos que existe un grave peligro de perder de vista el carácter fundamental de la confrontación que estamos viviendo. No es una confrontación entre “políticos y empresarios corruptos” asociados al gobierno de turno, por un lado, y los “representantes y defensores de la justicia y de la democracia” por el otro. El carácter fundamental de la confrontación es político, entre proyectos de país incompatibles en sí. Asistimos al intento de reinstalar con toda su fuerza políticas excluyentes, fundadas en el principio de la desigualdad, justificada como necesaria para el mantenimiento del orden social. En Argentina esto se está dando, pero mediante un proceso electoral que le permitió al gobierno de turno lograr la legalidad formal necesaria para intentar reinstalar el modelo neoliberal, comenzando por el despido masivo de miles de trabajadores entre sus primeras decisiones de gobierno, y desmantelar buena parte de los avances positivos que se lograron desde el año 2003. En Brasil, muy claramente, el intento orquestado para reinstalar un modelo político excluyente se está dando con un carácter mucho más violento, intolerante, con tonos racistas y clasistas. Los medios masivos de comunicación se han convertido en activistas de tiempo completo que excluyen la posibilidad de debate democrático y transmiten un mensaje unidireccional, en flujo permanente, convirtiendo a la política brasilera en un gran show del Gran Hermano donde los actores son los jueces, los políticos, los empresarios, la policía, y los propios periodistas que articulan un mensaje indisimulado: la decisión de terminar con el gobierno democráticamente electo de la Presidenta Rousseff ya ha sido tomada, solamente resta ejecutarla.
Desde otro ángulo de análisis, en las últimas dos décadas el proceso de democratización regional estuvo marcado por una reacomodación de los países de la región en el contexto internacional. Por una parte, esta reacomodación estuvo marcada por un avance en los grados de autonomía a nivel nacional y regional con respecto a los países centrales, sobre todo en América del Sur. Este grado de autonomía creciente, más allá de la retórica, se ha dado en el marco de una profundización y desarrollo de las relaciones capitalistas, y ha incluido la emergencia de autonomías capitalistas en el plano internacional, notoriamente Brasil. Ahora bien, la profundización y desarrollo de relaciones capitalistas es uno de los mecanismos que mantiene y genera desigualdades sociales estructurales, incluso en los casos en que se implementan políticas redistributivas, paliativas, que buscan reducir la pobreza extrema y promueven los derechos sociales. La democracia capitalista, aún en sus formas más benignas, popular-participativas, se funda en la acumulación privada, concentrada, y no en la distribución de la riqueza social. Por otra parte, otras regiones de América Latina y el Caribe han visto la profundización de sus relaciones de dependencia, la reducción de sus niveles de autonomía, sobre todo en relación a los Estados Unidos y a la Unión Europea. Una expresión clara de esta dinámica de heteronomización es la emergencia de la Alianza del Pacífico, compuesta inicialmente por Chile, Colombia, México y Perú, que abiertamente propone un programa neoliberal, privatista, que rechaza la necesidad de políticas sociales y descalifica a las experiencias de democracia popular-participativa como “populistas”. En distintos documentos hechos públicos por la Alianza, se defiende el argumento de que deben abandonarse las políticas “populistas” implementadas en los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y se debería adoptar el modelo chileno, centrado en la preeminencia de las relaciones mercantiles. El gobierno del Presidente Macri en Argentina se posiciona como una posible punta de lanza de la expansión del programa de la Alianza del Pacífico, por lo menos en Sudamérica. En el eventual caso de que el golpe institucional que se está gestando en Brasil contra el gobierno democrático de la Presidenta Dilma Rousseff prosperase, es de esperar que la captura del poder político por parte de los sectores que se ubican a la derecha en el espectro político consolide el debilitamiento de la cooperación Sur-Sur y la profundización de las reformas neoliberales con el consecuente crecimiento de la desigualdad y de la pobreza extrema. A pesar de que estas posibilidades ya son de por sí preocupantes por su impacto potencial sobre los sectores más desfavorecidos de la sociedad, la situación es aún mucho mas grave en relación a la marcha del proceso de democratización en Brasil y en la región. Las señales emitidas por el nuevo gobierno argentino y por las fuerzas que buscan destituir al gobierno de la Presidenta Rousseff en Brasil no dejan dudas sobre el potencial retroceso en las políticas de protección a los derechos humanos, del abandono de los juicios a los responsables por los crímenes de Estado, y de la consolidación de prácticas antidemocráticas, intolerantes, que amenazan con revertir aspectos importantes del proceso de democratización regional.
Cabe repetir que no se trata de condonar los graves errores de los gobiernos nominalmente progresistas, que incluso como en el caso de Brasil comenzaron a virar hacia la derecha en un intento de apaciguar a las fuerzas que buscan reinstalarse en el control del proceso político. Sin embargo, es preciso recuperar la memoria histórica e impedir que se le imponga al conjunto de la población la sensación de la inevitabilidad de una salida golpista a la crisis política y económica. Es también preciso unir nuestras voces a las de las fuerzas sociales en Brasil y a nivel de la región que denuncian el estado de situación y luchan por preservar y profundizar el avance del proceso de democratización en la región. Las movilizaciones masivas realizadas en los últimos días tanto en Brasil como en Argentina en defensa del proceso de democratización y contra el retorno a las políticas excluyentes y al autoritarismo, son un llamado de atención a los sectores que quieren desmantelar los avances logrados y nos dan un mensaje alentador: la memoria histórica está viva en amplios sectores de la población que continúan su lucha por la construcción de sociedades más igualitarias, genuinamente democráticas.
