Pronunciamiento de la Asociación Latinoamericana De Sociología ante la grave situación que vive Nicaragua.

La Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), preocupada  por la  escalada represiva  del gobierno del presidente Daniel Ortega, hacia la población que se ha levantado a protestar contra las medidas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que sea reformado el sistema de pensiones nicaragüense, se une al clamor internacional que exige el cese a la violencia, represión y persecución política que ha llenado de luto y dolor al  pueblo de Nicaragua.
Ante la reforma a la Ley de Seguridad Social, estudiantes universitarios apoyaron  las demandas de jubilados, directamente afectados por las medidas aprobadas. A partir de ese 18 de abril, legítimas protestas se levantaron a lo largo de todo el país, las cuales fueron reprimidas con bombas lacrimógenas, balas de goma y balas de plomo por la Policía Nacional y grupos parapoliciales armados. Un intento de Diálogo fue fallido, ante la carencia de garantias por parte del gobierno para las partes dialogantes. La crueldad, la violencia, la represión, fue y ha ido hasta la fecha, la  única respuesta  dada por el Estado nicaraguense.
Como señala el Comunicado de la  Articulación Feminista de Nicaragua:
“ Desde hace más de dos meses vivimos en Nicaragua un estado de terror que ha cobrado la vida de más de 200 personas, cerca de dos mil personas heridas de bala, quemadas, torturadas, docenas de personas encarceladas injustamente, más de 50 personas desaparecidas, así como campañas de amenazas, hostigamientos y desprestigio contra defensoras y defensores de derechos humanos. Desde abril 2018 durante la represión varias mujeres han sido secuestradas, violadas, torturadas y viven bajo amenaza en sus barrios y comunidades.”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho un llamado al cese de la violencia y sus recomendaciones se siguen incumpliendo.
Guiada por los valores y principios solidarios que la constituyen, ALAS considera inadmisible la incapacidad de procesamiento de las demandas por parte del gobierno nicaragüense, cuya respuesta ha sido la criminalización de la protesta, la represión y la muerte.
Unimos nuestras voces al clamor mundial que pide garantizar el derecho a la libre expresión, a la independencia informativa, a la defensa de los derechos humanos.
Le hacemos un llamado al gobierno del presidente Ortega, a que garantice la integridad y seguridad de todas las personas para que haya paz, sin ningún tipo de discriminación o distinción. Que escuche los justos reclamos populares y se busque una salida pacífica que permita a su pueblo vivir en una sociedad solidaria, con justicia, equidad, igualdad y en condiciones de respeto a los derechos humanos.
 
¡Exigimos que en Nicaragua no haya una víctima más!